“El Cabildo palmero renuncia a la soberanía de la isla con el agua para implantar desaladoras que ya cuestiona hasta la Comisión Europea”
La Asociación Agua para La Palma denuncia que la desalación haría a la isla aún más dependiente del petróleo y va en LA dirección contraria a las recientes advertencias desde la UE sobre la necesidad de gestionar mejor los recursos hídricos disponibles ante la carestía de producir agua industrial
Redacción
Fotografía cortesía
La Palma, Canarias, España, 20 de abril del 2026
La Asociación Agua para La Palma denuncia que el Cabildo y su Consejo Insular de Aguas (CIALP) “renuncian a la soberanía hidrológica de una isla con suficientes recursos subterráneos para, de manera irresponsable e injustificada, favorecer la instalación de caras plantas desaladoras que necesitarán combustible fósil y nos harán más dependientes del petróleo, del exterior, una dependencia artificialmente creada para allanar el terreno al agua industrial”.
Este colectivo ciudadano llama la atención sobre el hecho de que hasta la Comisión Europea ha criticado, con ocasión del reciente Día Mundial del Agua, el abuso de las inversiones públicas y del gasto energético en plantas desaladoras, que considera solo justificadas cuando no hay alternativa, pero que no deben ser la única solución, sino que insta a los estados miembros de la UE a gestionar mejor los recursos hídricos existentes.
Extrapolada esa filosofía del Ejecutivo de la UE a La Palma, la asociación considera que el Cabildo y el CIALP hacen justo lo contrario: “gestionar mal el acuífero de una isla cuya planificación hidrológica insular concluye que tiene cuatro veces más agua cada año de la que consume”.
“Aquí el CIALP construye alegremente una desaladora por vía de emergencia en Breña Baja cuando ya no hay sequía y tras dos años de lluvias generosas, y de este modo renuncia a aprovechar mejor las reservas de agua subterráneas para entregarle la isla al negocio de las desaladoras”, señala Agua para La Palma. Y advierte de que estas industrias “dejarán a La Palma a expensas de cualquier crisis internacional en los precios del petróleo -como la actual entre EEUU e Irán-, que puede sufrir gigantescas variaciones y restricciones de suministro e incluso cierres totales de mercado”.
UN SISTEMA MAL GESTIONADO
“Mientras”, enfatiza la asociación, “debajo de nuestros pies está el agua que puede dar el 100% que necesita La Palma, pero con un sistema que languidece, obsoleto y anticuado, con pérdidas de hasta el 50% en las redes de transporte, pozos sobreexplotados y galerías sin tranques que tiran el agua a los barrancos cuando baja la demanda”.
Insiste este colectivo en que “la total soberanía sobre el agua y la independencia de factores externos solo dependen de un volantazo en la gestión del Cabildo y el CIALP, no del cambio climático ni de la supuesta salinización de pozos por el Tajogaite”.
Sin embargo, la asociación ve con escepticismo la posibilidad de que llegue ese cambio de rumbo en la política insular, y previene de que lo previsto “solo lleva al incremento de precios y a asegurar los privilegios y el negocio del lobby del agua”.
DESALADORAS CON JUSTIFICACIONES IRREALES
Agua para La Palma se pregunta cómo reaccionaría la Comisión Europea si inspeccionara lo que ocurre en la Isla Bonita, “donde sus políticos se empeñan en desaladoras urgentes en años de lluvias abundantes, y cuando la sequía ya no les sirve como argumento recurren a que los gases del volcán Tajogaite han salinizado los pozos del Valle de Aridane”.
Una explicación con la que discrepa este colectivo, que achaca la salinización del agua en el acuífero costero de Los Llanos a la sobreexplotación; “unos pozos que solo cubren el 10% de la demanda en La Palma, mientras el 90% se obtiene de las galerías, fuentes y nacientes, en su mayoría abandonados a su suerte”.
La asociación también cuestiona el argumento de que la energía necesaria para la producción de agua industrial provendrá solo de fuentes de energía renovables: “Es algo imposible; de hecho, en ningún lugar del mundo se ha logrado, por ser el coste totalmente prohibitivo, ya que estas instalaciones necesitan un consumo continuo de electricidad, mientras que las renovables son discontinuas; lo que obligaría a triplicar la producción renovable para almacenarla en baterías gigantescas, y solo así se garantizaría a estas plantas un suministro estable, pero a costa de triplicar el coste”.
UNA APUESTA “SIN LÓGICA ECONÓMICO-FINANCIERA”
Por tanto, invertir en desaladoras y no en mejorar la gestión del agua ya existente “carece de la mínima lógica económico-financiera y desvía grandes fondos públicos que deberían emplearse en otros servicios básicos, como la salud, la educación, la vivienda o las infraestructuras, y no en seguir engordando las mismas cuentas corrientes del lobby de siempre”.
En este sentido, la asociación se queja de que “los mismos políticos que promueven este despilfarro han dejado sin auxilios económicos públicos a las comunidades de agua para la mejora de las infraestructuras a su cargo en 2024, 2025 y, según la información recibida, también en 2026”.
En este contexto, Agua para La Palma pone el foco en qué personas tienen en sus manos en La Palma la gestión pública de este recurso tan estratégico: “El elegido por el presidente del Cabildo para la Consejería de Aguas ha sido Juan Ramón Hernández, un político que ha reconocido abiertamente su nulo conocimiento sobre esta materia; mientras que al frente de la gerencia del CIALP se ha optado por Javier Peña, cuyo currículum está centrado en haber trabajado en plantas de producción de aguas industriales, tanto desaladas como regeneradas; y ambos tiene en común el propósito de sacar adelante las desaladoras”.
LOS BENEFICIADOS DE ESTA POLÍTICA “ERRÁTICA”
Agua para La Palma sostiene que ”la ciudadanía se preguntará, y con razón, a quién benefician todas estas desaladoras” y su respuesta es que “solamente a los dueños de los pozos salinizados, de los que se podrá seguir sacando agua, aunque de mala calidad, porque tienen la desalada para mezclarla con la suya”.
“Al fin y al cabo”, observa, quien dirige la política hidráulica de La Palma no es el Consejo Insular sino los dueños del 10% del agua total utilizada en la isla, que es la que procede de estos pozos”.
TÚNEL DE TRASVASE:” UN TESORO PÚBLICO MENOSPRECIADO”
Por último, la asociación defiende el recurso estratégico de que dispone la sociedad palmera: el Túnel de Trasvase. Se trata de una galería pública, con agua de excelente calidad, distribuible a un precio muy bajo, y donde aún quedan por perforar cuatro kilómetros y medio del mejor acuífero”
Y aquí el colectivo palmero tiene claro que “las piedras en la rueda de la explotación del Túnel de Trasvase obedecen al interés de poner aguas desaladas para mantener el agua cara de los pozos e incluso subirle el precio para que sus propietarios ganen más”.
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