Por Bernardo Méndez Lugo, diplomático de carrera en retiro, fundador de la UAM Xochimilco y actualmente director de fundación promigrante AmericaSinMuros

Ciudad de México 10 de  octubre del 2026

Mi trayectoria profesional como diplomático mexicano de carrera (Ministro del Servicio Exterior Mexicano, en retiro), académico e investigador, así como director ejecutivo de la Fundación ProMigrante América sin Muros A.C., ha estado marcada por una constante preocupación: la relación entre vulnerabilidad social, movilidad humana y desastres naturales.

A lo largo de más de cuatro décadas de trabajo en México, Centroamérica y Estados Unidos, he buscado integrar tres campos que rara vez se abordan de manera conjunta: la política exterior, la migración y la gestión integral del riesgo de desastres.

Desde mis primeros años como académico fundador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, comprendí que los fenómenos sociales no pueden analizarse de manera aislada.

La migración, por ejemplo, no es únicamente el resultado de decisiones individuales, sino de estructuras económicas, desigualdades históricas y, cada vez con mayor frecuencia, de crisis ambientales y desastres que obligan a las personas a desplazarse.

Mi trabajo en materia de desastres naturales se ha centrado en una idea fundamental: los desastres no son exclusivamente naturales. Son, en gran medida, el resultado de la interacción entre fenómenos físicos y condiciones sociales, institucionales y territoriales.

La falta de planeación urbana, la ocupación de zonas de alto riesgo, la infraestructura deficiente y la ausencia de políticas preventivas convierten eventos naturales en tragedias humanas evitables.

En este sentido, he desarrollado investigaciones y materiales educativos sobre gestión de riesgos y vulnerabilidad, con especial énfasis en países altamente expuestos como El Salvador.

Este país constituye un caso paradigmático: su ubicación geográfica, su densidad poblacional y sus condiciones socioeconómicas lo colocan entre los territorios más vulnerables del mundo ante terremotos, inundaciones y deslizamientos.

En diversos estudios he analizado cómo la cooperación internacional, particularmente la mexicana, puede contribuir a fortalecer capacidades locales de prevención, respuesta y reconstrucción.

Uno de los ejes de mi trabajo ha sido la compilación y difusión de materiales educativos bajo el título “Los peores desastres naturales del mundo”, elaborados a partir de fuentes internacionales de Estados Unidos, México, Centroamérica y Cuba.

Este esfuerzo no solo busca documentar eventos catastróficos, sino promover una cultura de prevención. En este contexto, he destacado la experiencia de Cuba, reconocida por organismos internacionales como la UNESCO por su eficacia en sistemas de alerta temprana, evacuación y protección civil, incluso en condiciones económicas adversas.

Asimismo, he reflexionado sobre casos emblemáticos como el huracán Katrina en Nueva Orleans, que evidenció cómo la desigualdad social, la segregación urbana y la falta de respuesta institucional pueden amplificar los efectos de un fenómeno natural. Katrina no fue únicamente un desastre meteorológico; fue también un desastre de gobernanza y de justicia social.

En mis publicaciones académicas y ensayos he insistido en que la vulnerabilidad ambiental está estrechamente vinculada con la movilidad humana.

Las personas desplazadas por desastres naturales, por degradación ambiental o por riesgos acumulados forman parte de una nueva categoría de migración forzada que requiere marcos jurídicos y políticas públicas específicas. Esta realidad se suma a los flujos migratorios tradicionales motivados por pobreza, violencia o falta de oportunidades.

Desde mi experiencia diplomática en Centroamérica, particularmente en El Salvador, he podido observar cómo los desastres naturales y la violencia estructural se entrelazan, generando escenarios de expulsión poblacional.

La migración, en este sentido, no puede entenderse sin considerar la dimensión ambiental del desarrollo. La degradación de ecosistemas, la deforestación, la urbanización desordenada y el cambio climático actúan como factores multiplicadores de riesgo.

He sostenido que la gestión del riesgo debe ser un componente central de la política pública en América Latina.

No se trata únicamente de responder a emergencias, sino de anticiparlas mediante planificación territorial, inversión en infraestructura resiliente, educación comunitaria y fortalecimiento institucional.

La prevención es, en última instancia, la forma más eficaz y humana de reducir el impacto de los desastres.

En el ámbito de la migración, mi trabajo en la Fundación ProMigrante América sin Muros ha buscado articular esta visión preventiva con un enfoque de derechos humanos.

Las personas migrantes, especialmente aquellas desplazadas por desastres o condiciones ambientales extremas, deben ser reconocidas como sujetos de protección internacional.

La movilidad humana contemporánea exige nuevas categorías analíticas y nuevas respuestas institucionales.

He procurado también vincular la política exterior con la agenda de riesgos y migración.

La cooperación internacional no puede limitarse a la asistencia humanitaria posterior a los desastres; debe orientarse hacia la construcción de resiliencia en los países de origen.

Esto implica cooperación técnica, transferencia de conocimiento, financiamiento para infraestructura segura y fortalecimiento de capacidades locales.

En mis reflexiones académicas he insistido en que la prevención de desastres y la gestión de la migración son dos caras de una misma moneda: la seguridad humana.

Ambas requieren un enfoque integral que supere visiones fragmentadas y reactivas. La experiencia acumulada en América Latina demuestra que los enfoques exclusivamente reactivos son insuficientes y costosos, tanto en términos humanos como económicos.

Finalmente, considero que el reto más importante es cultural e institucional. Se requiere transformar la manera en que concebimos el riesgo, la migración y el desarrollo.

Los desastres no deben ser vistos como inevitables, ni la migración como un problema a contener, sino como fenómenos que pueden ser gestionados de manera más justa, eficiente y humana.

Mi trayectoria ha estado guiada por la convicción de que la diplomacia, la academia y la acción social pueden converger en la construcción de sociedades más seguras y resilientes.

En un mundo marcado por el cambio climático, la desigualdad y la movilidad humana creciente, esta convergencia no es solo deseable, sino indispensable.

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