Los funcionarios estadounidenses no presentaron pruebas sobre los dichos y acusaciones a funcionarios de Sinaloa

El Distrito Sur de Nueva York anunció una acusación histórica contra el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios mexicanos —algunos en funciones y otros retirados— por su presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa en actividades de narcotráfico y delitos relacionados con armas. La acusación, desclasificada el 29 de abril de 2026, expone una red de corrupción que habría permitido la importación masiva de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetaminas hacia Estados Unidos, además de proteger las operaciones del cártel mediante sobornos y abuso de poder.

COMUNICADO. “La Secretaría de Relaciones Exteriores recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición que serán turnadas a la FGR. En los documentos no se anexan pruebas”.https://t.co/frxQvi0qjb pic.twitter.com/HSn3bi4PeT

— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 29, 2026

El fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la DEA, Terrance Cole, señalaron que esta acusación busca enviar un mensaje claro: ningún funcionario está por encima de la ley. Según los documentos judiciales, los acusados habrían recibido millones de dólares en sobornos a cambio de garantizar la impunidad de los líderes del cártel, particularmente de la facción conocida como Los Chapitos, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Entre las acusaciones más graves se encuentra la participación de Juan Valenzuela Millán, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, en el secuestro y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y un familiar de esta, lo que refuerza la dimensión violenta y represiva de la conspiración.

Este caso se suma a una serie de procesos judiciales iniciados desde 2023 contra más de 30 miembros y asociados del Cártel de Sinaloa. La acusación refleja la estrategia de Estados Unidos de ejercer presión sostenida contra las redes criminales transnacionales, subrayando la importancia de la cooperación bilateral con México.

Acusados y penas que podrían alcanzar

Demandado	Título	Cargos	Penalización mínima y máxima
Rubén Rocha Moya	Gobernador de Sinaloa	Conspiración para importar narcóticos; posesión y conspiración de armas	Mínimo 40 años; máximo cadena perpetua
Enrique Inzunza Cázarez	Senador mexicano; ex Secretario General de Sinaloa	Conspiración para importar narcóticos; posesión y conspiración de armas	Mínimo 40 años; máximo cadena perpetua
Enrique Díaz Vega	Ex Secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa	Conspiración para importar narcóticos; posesión y conspiración de armas	Mínimo 40 años; máximo cadena perpetua
Dámaso Castro Zaavedra	Fiscal General Adjunto de Sinaloa	Conspiración para importar narcóticos; posesión y conspiración de armas	Mínimo 40 años; máximo cadena perpetua
Marco Antonio Almanza	Ex jefe de la Policía de Investigación de Sinaloa	Conspiración para importar narcóticos; posesión y conspiración de armas	Mínimo 40 años; máximo cadena perpetua
Alberto Jorge Contreras	Ex jefe de la Policía de Investigación de Sinaloa (“Cholo”)	Conspiración para importar narcóticos; posesión y conspiración de armas	Mínimo 40 años; máximo cadena perpetua
Gerardo Mérida Sánchez	Ex Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa	Conspiración para importar narcóticos; posesión y conspiración de armas	Mínimo 40 años; máximo cadena perpetua
José Antonio Dionisio	Ex Subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa (“Tornado”)	Conspiración para importar narcóticos; posesión y conspiración de armas	Mínimo 40 años; máximo cadena perpetua
Juan de Dios Gámez	Alcalde de Culiacán	Conspiración para importar narcóticos; posesión y conspiración de armas	Mínimo 40 años; máximo cadena perpetua
Juan Valenzuela Millán	Ex comandante de la Policía Municipal de Culiacán (“Juanito”)	Conspiración para importar narcóticos; posesión y conspiración de armas; secuestro con resultado de muerte	Cadena perpetua obligatoria

Según estas instancias estadounidenses, la acusación contra el gobernador de Sinaloa y otros funcionarios marca un precedente en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción política. Más allá de las consecuencias legales, este caso pone en evidencia la profunda infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas mexicanas y la necesidad de fortalecer la cooperación internacional para enfrentar estas redes.

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