Por Bernardo Méndez Lugo

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Ciudad de México 24 de septiembre del 2026
México está envejeciendo y no podemos enfrentar esta transformación demográfica con políticas públicas diseñadas para una sociedad más joven. La pensión para el bienestar constituye un apoyo económico fundamental para millones de personas mayores, pero el desafío es mucho más amplio: garantizar que puedan vivir con dignidad, salud, autonomía y seguridad. El envejecimiento debe dejar de considerarse un asunto exclusivo de asistencia social para convertirse en una prioridad nacional de desarrollo.
Las recientes declaraciones de Graciela Márquez, presidenta del INEGI, sobre los cambios demográficos del país confirman la urgencia de adaptar nuestras instituciones. La reducción de la natalidad, los hogares cada vez más pequeños y el aumento de la población adulta mayor obligan a revisar los servicios de salud, vivienda, transporte, cuidados y protección social. La Encuesta Intercensal 2025 ofrece información indispensable para diseñar políticas acordes con esta nueva realidad.
El primer gran desafío es establecer un sistema integral de cuidados. Muchas personas mayores viven solas o dependen de familiares que no siempre cuentan con los recursos, el tiempo o la preparación necesarios para atenderlas. La reducción del tamaño de los hogares, cuyo promedio nacional es de 3.3 integrantes, hace urgente desarrollar servicios comunitarios, atención domiciliaria, centros de día y redes de acompañamiento. También debemos reconocer y apoyar a quienes cuidan, particularmente a las mujeres, que con frecuencia asumen esta responsabilidad sin remuneración ni protección social.
La segunda prioridad es garantizar servicios médicos accesibles y oportunos. El envejecimiento incrementa las necesidades de atención continua, rehabilitación y seguimiento de enfermedades crónicas. No basta con disponer de instituciones de salud: es indispensable reducir las esperas, asegurar medicamentos, fortalecer la atención primaria y ampliar los servicios especializados. La prevención, la salud mental y la rehabilitación deben integrarse a una estrategia nacional de envejecimiento saludable, con particular atención a las comunidades rurales y a las zonas urbanas marginadas.
El tercer reto consiste en transformar nuestras ciudades y viviendas. Las personas mayores enfrentan obstáculos cotidianos por banquetas deterioradas, transporte público inaccesible, edificios sin elevadores y espacios urbanos poco seguros. La accesibilidad universal debe ser una obligación de la obra pública y de la planificación urbana. Asimismo, los programas de mejoramiento de vivienda deben contemplar adaptaciones que faciliten la movilidad, reduzcan riesgos de accidentes y permitan conservar la independencia personal.
Otro asunto fundamental es la seguridad económica. Aunque las pensiones representan un avance, muchas personas mayores enfrentan ingresos insuficientes para cubrir alimentación, vivienda, medicamentos y servicios básicos. Se requieren mecanismos complementarios de protección social, oportunidades de empleo voluntario y flexible, así como medidas contra la discriminación laboral por edad. La experiencia profesional y los conocimientos acumulados por este sector constituyen un patrimonio que México debe aprovechar.
La inclusión digital también merece atención. Cada vez más trámites gubernamentales, servicios bancarios y consultas médicas requieren herramientas tecnológicas. La capacitación digital debe acompañarse de alternativas presenciales para quienes no tienen acceso a internet o encuentran dificultades para utilizar plataformas electrónicas.
Finalmente, debemos combatir el abandono, el maltrato y la soledad no deseada. Los gobiernos municipales, las instituciones de salud y las organizaciones sociales pueden establecer redes de detección y acompañamiento, con participación directa de las propias personas mayores en el diseño de las políticas que les afectan.
México necesita una política nacional de envejecimiento con presupuesto, coordinación entre los tres órdenes de gobierno y metas verificables. La información del INEGI debe convertirse en decisiones concretas y programas evaluables, no quedarse en diagnósticos.
Una sociedad también se mide por la manera en que cuida a quienes han contribuido a construirla. El reto no es solamente vivir más años, sino asegurar que esos años se vivan con derechos, oportunidades, autonomía y dignidad.

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