Hacia la Ley General de Juventudes / José Eduardo Maza Chacón

José Eduardo Maza Chacón. Corresponsal chiapaneco de UP.

Hacia la Ley General de Juventudes / José Eduardo Maza Chacón

En nuestro país existen más de 300 leyes, de las cuales los ciudadanos adultos y los jóvenes desconocen cuál es su función, cómo se debe aplicar y cómo debe garantizar su debida protección a las personas; es por ello, que los jóvenes y la sociedad en general deban conocer sus leyes.

Uno de los problemas que plantea cualquier legislación pueden dividirse en dos: problemas en sentido amplio, que le podríamos llamar políticos y problemas técnico- jurídicos. Los problemas políticos se agrupan en toda una serie de cuestiones de índole axiológica o valorativa. El legislador debe resolver los problemas de la política legislativa de manera general. En segundo término, el legislador tiene que ponderar críticamente los intereses en juego para dar preferencia a unos en detrimento de otros[1]

Actualmente en materia de derechos políticos de los jóvenes, se está llevando a cabo una importante investigación para poder crear la Ley General de Juventudes.

La presidenta de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, (Morena), anunció que se está trabajando en la elaboración de la Ley General de Juventudes, cuyo objetivo es garantizar los derechos a este sector de la población.

Se propone reformar el artículo 73 constitucional, para dar vida a esta ley dentro de la Comisión Permanente o iniciando el siguiente periodo ordinario de sesiones. Con esta reforma, el Congreso de la Unión tendrá una tarea muy importante para darle celeridad en reformar la Carta Magna, para que después entre en vigor dicho ordenamiento legal.

Otro punto importante que debe de garantizar el Estado mexicano para que la Ley General de Juventudes sea un éxito sería: Ratificar la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, para que se les garantice su derecho a la vida, derecho a la protección contra abusos sexuales, derecho a la objeción de conciencia, derecho a la justicia, entre otros más derechos que señala dicha convención.

Considero relevante señalar los principios rectores que se propondrán en la Ley General de Juventudes, que orientarán la política nacional en materia de derechos de las juventudes y que deberán ser observados en el ejercicio de las autoridades, la federación, las entidades federativas, los municipios, las alcaldías de la Ciudad de México, y que son de manera enunciativas, mas no limitativas, y son las siguientes:

Universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, integralidad y pro-persona, conforme a lo dispuesto a los artículos 1° y 4° de nuestra Carta Magna, así como de los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Pasado inmediato.

La investigación de la Ley General de Juventudes, define las siguientes categorías:

1. Perspectiva de Juventud

Desde una visión metodológica y práctica, nos permitirá identificar, desarrollar y fomentar las prácticas sociales y los mecanismos jurídicos institucionales que garanticen que los jóvenes sean reconocidos como sujetos de derecho, teniendo la capacidad de actuación y libertad para el pleno desarrollo de su proyecto de vida que tenga cada uno de ellos. Considerando sus preocupaciones y expectativas en un marco que propicie el respeto, la inclusión y tolerancia hacia su diversidad y la reducción sistemática de sus desigualdades que a través del transcurso del tiempo han enfrentado para así alcanzar su bienestar y promover su participación efectiva.

2. Transversalidad

Tener una atención integral y en conjunto por parte de distintas autoridades e instituciones con base en los principios, condiciones, estrategias, acciones y procedimientos que impactarán favorablemente a las juventudes.

3. Participación

Este principio a través del cual las juventudes, en lo individual o de manera colectiva, interviene en los asuntos públicos del país, ya sea para tomar decisiones o para influir en las decisiones que adopten las instituciones del poder público.

4. Inclusión

Es considerada como una visión más extensa, ya que garantiza el acceso a oportunidades en igualdad de circunstancias para las personas jóvenes en los aspectos económico, social, político y cultural; con ello, sin importar su condición o diversidad que constituyen dentro de territorio nacional.

5. Igualdad sustantiva

Este principio se refiere a que tienen el mismo acceso, mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas jóvenes.

6. Accesibilidad

Estas son medidas que sirven para asegurar el acceso de las personas jóvenes con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, al transporte, la información y las comunicaciones y a otros servicios e instalaciones abiertos al público, tanto en zonas urbanas como en rurales.

7. Solidaridad

Este principio es la defensa de los intereses ajenos, mediante la ayuda mutua en un marco de empatía dentro de las circunstancias adversas.

8. Laicidad

Se refiere a las garantías institucionales para asegurar la igualdad de condiciones de las personas jóvenes en el ejercicio libre de sus creencias religiosas, sin que favorezca a ningún credo religioso.

9. Interculturalidad

La interculturalidad se refiere a la interacción equitativa de diversas culturas, así como la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, por medio del diálogo y del respeto mutuo.

10. Reconocimiento de personas jóvenes en situación de vulnerabilidad

Las personas jóvenes que se encuentren en circunstancias específicas de índole socioeconómicas, alimentarias, psicológicas, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, condición migratoria o situación de creencias religiosas o prácticas culturales u otros que puedan limitar o restringir el ejercicio de sus derechos[2].

En suma, el gran reto que se enfrenta el legislador será que la Ley General de Juventudes entre en vigencia para que a cada joven mexicano se le garantice sus derechos políticos; de igual manera, que se ratifique la Convención Iberoamericana de los Derechos de los jóvenes, para que exista una igualdad de oportunidades, la no discriminación y violencia hacia ellos.

Por otra parte, y para que esta legislación se asuma debidamente, debe cumplirse con los principios esenciales que la regirán para garantizar la participación política de las y los jóvenes.

Si bien es cierto que los parlamentarios, tanto de la cámara alta y baja, dicen trabajar por las juventudes de nuestro país, no menos cierto es que hasta hoy en día no le han dado celeridad para que la ley en materia de juventud se concretice; no le dan la debida importancia a esta nueva generación que, en un futuro no muy lejano, serán nuestros próximos representantes populares, servidores públicos, maestros, médicos o cualquier profesión que deseen desempeñarse.

La juventud al frente de otro frente institucional. Inédito.

[1] Carbonell Miguel, Elementos de técnica Legislativa, México, Porrúa, 2014, p.87-88

[2] Cfr. H. Congreso de la Unión, LXIV Legislatura, Cámara de Diputados, Boletin No. 1445, Comunicación Social, Ciudad de México, 6 de diciembre de 2019, localizable en dirección de internet: 

http://www.5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicación/Boletines/2019/Abril/12/1445-En-marcha-proyecto-de-Ley-General-de-Juventudes

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